El alcalde de La Algaba, Diego Agüera, bajo el foco por denuncia de "hostigamiento sexual" a un menor: la tensión política se dispara

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El alcalde de La Algaba, Diego Agüera, bajo el foco por denuncia de "hostigamiento sexual" a un menor: la tensión política se dispara

La localidad sevillana de La Algaba se ha convertido en el epicentro de una profunda crisis política y social, tras hacerse pública una denuncia por "hostigamiento sexual" y "ciberacoso" contra su alcalde, el socialista Diego Manuel Agüera. La gravedad de las acusaciones, que implican a un menor de edad alumno de la Escuela Municipal de Tauromaquia, ha desatado una tormenta de reacciones, con el gobierno local blindando al regidor y la oposición, liderada por el Partido Popular (PP), exigiendo explicaciones contundentes y amenazando con emprender acciones legales y políticas de gran calado.

Según la denuncia, a la que ha tenido acceso el diario EL MUNDO y que fue recibida por el PSOE el pasado 13 de enero a través de su canal interno de comunicación, Agüera habría incurrido en insinuaciones sexuales explícitas y proposiciones de encuentro con el menor a través de la red social Instagram. El escrito detalla cómo el alcalde, en su rol de máxima autoridad municipal y responsable de una institución educativa dependiente del Ayuntamiento, habría verbalizado un "deseo sexual explícito" condicionado únicamente por la edad del joven, de la que era "plenamente consciente". Se citan frases como "Ayyy si tuvieras los 18!!!" y preguntas sobre el rol sexual del menor en relaciones homosexuales, como si era "activo o pasivo", una cuestión que, según la denuncia, fue borrada posteriormente por Agüera en una "maniobra de ocultación de pruebas". El denunciante, no obstante, asegura contar con testigos y pruebas documentales de la existencia de este mensaje y de la propuesta de un encuentro personal, "verse un día de fiesta", que, a su juicio, "encaja en el tipo penal de proposición de encuentro con fines lúbricos". La denuncia utiliza la expresión anglosajona "child grooming" para describir el patrón de comportamiento del regidor, en el cargo desde 2011 y líder local del PSOE.

Frente a estas acusaciones, Diego Agüera ha optado por una estrategia de defensa que busca ampararse en la institución que preside. En declaraciones a la prensa, negó la veracidad de los hechos, y su gobierno local emitió un comunicado oficial en el que cierra filas con el alcalde, defendiendo su "inocencia" y cuestionando la "falta de fundamento" de las acusaciones. El comunicado subraya el "respaldo firme y absoluto" al regidor, apelando a su "trayectoria personal y pública". Sorprendentemente, el Ayuntamiento vincula la denuncia a una presunta "venganza" por el cierre de la escuela de tauromaquia, sugiriendo que las "discrepancias y malestar en determinados sectores" podrían haber derivado en "acusaciones infundadas" cuyo único fin sería el "desgaste personal y político del alcalde". Esta argumentación ha sido interpretada por muchos como un intento de desviar la atención de la gravedad de los hechos denunciados.

La postura del gobierno municipal ha generado una fuerte reacción por parte de la oposición. El Partido Popular ha calificado las acusaciones de "gravísimas" y ha criticado duramente el uso de la institución y sus recursos para la defensa personal del alcalde en un asunto "de esta envergadura". El grupo municipal del PP ha solicitado una reunión urgente de la junta de portavoces del Consistorio para acceder a "toda la información disponible" y ha advertido que se reservan "todas las acciones de carácter legal" y la exigencia de "responsabilidades políticas". Este pulso político anticipa un periodo de gran inestabilidad en la gobernabilidad de La Algaba.

Paralelamente a la defensa pública del alcalde, el PSOE ha activado su propio protocolo interno ante denuncias de acoso. Si bien el Ayuntamiento omite la existencia de un procedimiento judicial abierto, la investigación interna del partido ha concluido que los hechos denunciados poseen una "especial gravedad". De hecho, el órgano encargado de la tramitación de estas denuncias ha anunciado que, si el denunciante no lo hace, pondrá los hechos en conocimiento de la Fiscalía o los juzgados, una medida que contrasta con la narrativa de la "denuncia anónima" y "sin fundamento" del gobierno local. A pesar de la seriedad de la investigación partidista, el equipo de Agüera ha respondido con una amenaza de "emprender acciones legales" para "frenar cualquier intento de difamación", lo que añade una capa de confrontación a un caso ya de por sí complejo.

Este escándalo no solo pone en jaque la carrera política de un alcalde con más de una década en el cargo, sino que también plantea serias interrogantes sobre la ética en la función pública, la protección de menores y la utilización de recursos institucionales para fines personales. La "posición de superioridad" que Agüera ostentaba como alcalde y director de la escuela municipal, según la denuncia, creó una "situación de sumisión y vulnerabilidad" en el menor, viciando cualquier interacción. La resolución de este caso, tanto en el ámbito político como en el judicial, será crucial para determinar las responsabilidades y restaurar la confianza ciudadana en las instituciones.

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