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Sunday, 22 February 2026
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La administración Trump reduce las regulaciones sobre mercurio para las centrales de carbón

La decisión de revertir los estándares a los niveles de 2012

La administración Trump reduce las regulaciones sobre mercurio para las centrales de carbón
7DAYES
5 hours ago
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Estados Unidos - Agencia de Noticias Ekhbary

La administración Trump reduce las regulaciones sobre mercurio para las centrales de carbón

En una medida que ha provocado fuertes críticas por parte de defensores del medio ambiente y expertos en salud pública, la administración Trump ha rescindido oficialmente una serie de regulaciones ambientales implementadas durante la administración Biden, específicamente aquellas diseñadas para fortalecer los controles sobre las emisiones de mercurio de las centrales eléctricas de carbón. Esta decisión, anunciada recientemente, revierte efectivamente los estándares regulatorios a los niveles que estaban vigentes en 2012 bajo la administración Obama. Este retroceso significa una relajación de los controles sobre la liberación de contaminantes peligrosos a la atmósfera, una medida que, según los grupos ecologistas, tendrá consecuencias perjudiciales.

El mercurio es una potente neurotoxina, y su contaminación por las centrales de carbón se ha relacionado históricamente con graves problemas neurológicos, especialmente en poblaciones vulnerables como lactantes y niños. Estudios científicos han demostrado consistentemente que la exposición al mercurio puede provocar daños neurológicos permanentes, retrasos en el desarrollo, discapacidades de aprendizaje y deterioro de la función cognitiva. El momento de estos cambios regulatorios es particularmente controvertido, ya que el país se esfuerza por equilibrar las demandas de energía y el crecimiento económico con el imperativo de proteger la salud pública y el medio ambiente. Los críticos argumentan que priorizar la industria del carbón en detrimento de las protecciones sanitarias establecidas es un peligroso paso atrás.

Los funcionarios de la administración han defendido la revocación, afirmando que las regulaciones anteriores imponían "cargas indebidas" a las compañías eléctricas y perjudicaban al vital sector energético estadounidense. Un portavoz de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) declaró que las nuevas acciones tienen como objetivo "garantizar la continua disponibilidad de energía estadounidense confiable", sugiriendo que las restricciones anteriores amenazaban con socavar este sector. La postura de la administración es que busca lograr un equilibrio entre la administración ambiental y el desarrollo económico, especialmente a la luz de las crecientes necesidades energéticas para los nuevos centros de datos de inteligencia artificial y otras infraestructuras intensivas en energía.

Activistas ambientales y expertos en salud han condenado enérgicamente la decisión, calificándola de "peligroso retroceso" en los avances logrados en la protección de la salud pública. Surbhi Sarang, abogada principal del Fondo de Defensa Ambiental, declaró: "La acción de hoy de la EPA de Trump nos lleva de regreso a protecciones más débiles contra la contaminación y a un aire más sucio. Permitirá que las centrales de carbón viertan más mercurio y contaminantes tóxicos en nuestro aire, que luego entrarán en nuestra agua, nuestra comida y, en última instancia, en los cuerpos de nuestros hijos". Sarang confirmó que su organización tiene la intención de impugnar la decisión en los tribunales, lo que indica una posible batalla legal sobre la revocación.

Según la EPA, las centrales eléctricas de carbón son la principal fuente de emisiones de mercurio en los Estados Unidos. Cuando el carbón se quema, el mercurio se libera en la atmósfera. Este metal pesado eventualmente se deposita en el suelo y el agua, donde es absorbido por las plantas y los animales, entrando finalmente en la cadena alimentaria humana. Las emisiones de mercurio han experimentado una disminución significativa en la última década, con una reducción estimada del 86% entre 2010 y 2017, atribuida en parte a las acciones regulatorias que limitaron la quema de carbón. Esta reducción ha tenido impactos positivos en la calidad de los alimentos, con investigaciones que indican una disminución de los niveles de mercurio en muestras de pescado, lo que subraya la eficacia de las estrictas regulaciones ambientales.

Esta revocación regulatoria es la última de una serie de acciones tomadas por la administración Trump para apoyar a la industria del carbón, que durante mucho tiempo se ha considerado en declive. Las medidas anteriores incluyeron la directiva al Departamento de Estado para operar instalaciones militares con energía de carbón, financiar la renovación de centrales eléctricas de carbón e incluso prevenir el cierre de algunas instalaciones. Al mismo tiempo, la administración está impulsando iniciativas para aumentar la generación de energía para satisfacer las demandas de los nuevos centros de datos de IA y otros proyectos de infraestructura intensivos en energía.

Julie McNamara, directora asociada de políticas del Programa de Clima y Energía de la Union of Concerned Scientists, expresó su consternación y dijo: "Una vez más, la administración Trump está abandonando la ciencia y la ley para dar un pase libre a los contaminadores". Agregó que esto se está haciendo "a expensas de la salud de las personas". Gina McCarthy, quien se desempeñó como asesora climática nacional del presidente Joe Biden, comentó que "el legado del [administrador de la EPA] será siempre el de alguien que cumple los deseos de la industria de los combustibles fósiles a expensas de nuestra salud", tras la noticia de los recortes inminentes.

La reversión de estas regulaciones plantea preguntas críticas sobre el futuro de la política ambiental en los Estados Unidos y su capacidad para equilibrar el desarrollo económico con la protección de la salud pública. A medida que continúa el debate sobre el papel del carbón en la combinación energética estadounidense, estas decisiones regulatorias tienen implicaciones a largo plazo para el medio ambiente y la salud de los ciudadanos, lo que requiere una vigilancia y una rendición de cuentas constantes por parte de la sociedad civil y los organismos reguladores.

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