La pulseada legislativa por el DNU de la ex SIDE: la oposición intensifica la búsqueda de votos ante el fracaso judicial

Argentina - Agencia de Noticias Ekhbary

La pulseada legislativa por el DNU de la ex SIDE: la oposición intensifica la búsqueda de votos ante el fracaso judicial

En un escenario de creciente tensión política y constitucional, la oposición argentina ha redoblado sus esfuerzos en la Cámara de Diputados para rechazar el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que reestructura la ex Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), ahora Agencia Federal de Inteligencia (AFI). Esta intensificación de la ofensiva legislativa se produce tras una serie de reveses en la vía judicial, donde las presentaciones para frenar la normativa no han encontrado eco favorable. El corazón de la controversia reside en una de las cláusulas más polémicas del decreto: la que habilita a agentes de inteligencia a realizar aprehensiones de personas sin la necesidad de una orden judicial previa, una facultad que ha encendido las alarmas en diversos sectores políticos, jurídicos y de derechos humanos.

El DNU en cuestión, identificado como una medida de reorganización clave para el gobierno actual, ha superado recientemente el plazo de espera obligatorio para su tratamiento, lo que lo habilita para su discusión directa en el recinto parlamentario. Sin embargo, el oficialismo, consciente de la ajustada correlación de fuerzas y la profunda resistencia que genera la medida, parece estar apostando a la dilación, buscando postergar la discusión y, con ello, ganar tiempo para negociar apoyos o desgastar la ofensiva opositora. Esta estrategia se enmarca en un contexto de polarización y de un Poder Ejecutivo que ha optado por el uso intensivo de los DNU como herramienta de gestión, generando un debate profundo sobre los límites de esta potestad presidencial y el rol del Congreso como contrapeso institucional.

El traspié judicial y la vía legislativa como última instancia

El camino de la oposición para frenar el DNU comenzó en los tribunales, con la presentación de diversas medidas cautelares y amparos. Uno de los episodios más relevantes se vivió esta semana, cuando el juez federal Daniel Alonso, de Entre Ríos, habilitó la feria judicial para tratar una cautelar solicitada por un grupo de abogados radicales con el objetivo de suspender el decreto. No obstante, el magistrado rechazó la presentación "in limine", argumentando que no existía una amenaza “cierta, concreta e inminente” a los derechos constitucionales y que, por ende, no se vulneraban las garantías fundamentales. Esta decisión, aunque específica para un caso particular, sentó un precedente que complicó la estrategia judicial de la oposición. A pesar de que existen otros amparos impulsados por figuras de la Coalición Cívica, el socialismo y organizaciones como el CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales), la falta de avances significativos en esta arena ha redirigido la atención y los esfuerzos hacia el ámbito legislativo, considerado ahora como la principal, si no la única, vía para revertir el DNU.

En este escenario, la Cámara de Diputados se convierte en el epicentro de la disputa. Legisladores opositores han manifestado un optimismo cauto sobre sus posibilidades. "Estamos activando. No estamos lejos", aseguró un legislador, reflejando la confianza en poder reunir los votos necesarios. La clave reside en la capacidad de la oposición para articular un bloque lo suficientemente sólido que permita alcanzar la mayoría absoluta necesaria para rechazar un DNU, que, según la Constitución Nacional, requiere el voto de ambas cámaras para ser anulado.

El laberinto del trámite legislativo y la Bicameral paralizada

El procedimiento para la revisión de un DNU en el Congreso está regulado por la Ley de DNU, que establece que, una vez ingresado el decreto, la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo dispone de diez días hábiles para emitir un dictamen. Sin embargo, en un reflejo de la parálisis institucional que atraviesa el Parlamento, este plazo se cumplió sin que la comisión siquiera fuera conformada. Los presidentes de ambas cámaras, Martín Menem (Diputados) y Victoria Villarruel (Senado), aún no han firmado la resolución para integrar la Bicameral, a pesar de los insistentes reclamos de la oposición. Esta dilación no es menor, ya que la Bicameral tiene un rol crucial en el análisis de la legalidad y constitucionalidad de los DNU, y su inoperancia deja a los decretos en un limbo jurídico que el oficialismo podría interpretar como una ventaja táctica.

La misma ley de DNU, sin embargo, contempla que, una vez vencido el plazo de la Bicameral, cualquiera de las Cámaras puede llevar el decreto a votación directamente al recinto. Aquí surge otro punto de fricción. Desde el bloque oficialista de La Libertad Avanza, se argumenta que el DNU no podría ser tratado en sesiones extraordinarias si no fue específicamente incluido en la convocatoria del presidente. Esta interpretación genera un profundo debate jurídico, con "bibliotecas divididas" entre constitucionalistas y expertos parlamentarios. La interpretación que finalmente prevalezca no dependerá tanto de la solidez argumentativa sino de la capacidad política para reunir los votos necesarios y fijar la agenda en un Congreso fragmentado.

La matemática de los votos en Diputados: una contienda ajustada

En la Cámara de Diputados, la oposición ha tomado la iniciativa con miras a una eventual sesión para tratar el DNU. La aritmética legislativa es clara: si los 257 diputados estuvieran presentes, se necesitarían 129 votos para rechazar el decreto. Los cálculos de la oposición los sitúan entre los 122 y 123 votos, lo que indica que están a pocos sufragios de alcanzar el objetivo. Este bloque está conformado por los 93 miembros de Unión por la Patria, a los que se suman los 20 integrantes del interbloque Unidos (que agrupa a Provincias Unidas, la Coalición Cívica y Encuentro Federal), cuatro diputados de Izquierda, y un grupo de legisladores "sueltos" o de bloques minoritarios, como la cordobesa Natalia De la Sota, el puntano Jorge "Gato" Fernández y la exdiputada libertaria Marcela Pagano.

Además, la oposición alberga esperanzas de "pescar" votos dentro de la Unión Cívica Radical (UCR) y, sorprendentemente, en el PRO. Si bien estos partidos suelen alinearse con el oficialismo o mantener una postura más ambigua, el contenido del DNU ha generado disidencias internas. "Salvo lo de la aprehensión, todo bien", se escucha en los pasillos del PRO, indicando que hay puntos del decreto que generan incomodidad incluso en sectores afines al gobierno. Sin embargo, la normativa de los DNU es taxativa: no pueden votarse por tramos; se aceptan o se rechazan en su totalidad. Esto obliga a los legisladores a tomar una postura integral, lo que complica las negociaciones y los matices.

Los argumentos de la oposición: necesidad, urgencia y división de poderes

Más allá del contenido específico del DNU, el Congreso debe pronunciarse sobre si el decreto cumple, o no, con los requisitos constitucionales para su dictado. La oposición ha sido enfática en señalar que no existió una "necesidad ni urgencia" que justificara la emisión del DNU en el único mes de receso parlamentario. Argumentan que "no existió una situación excepcional que haya impedido el tratamiento del tema por el trámite ordinario de sanción de una ley", lo que deslegitimaría la herramienta utilizada por el Poder Ejecutivo.

Desde una perspectiva política y constitucional más amplia, la oposición objeta el DNU porque, según afirman, le otorga a la AFI "facultades coercitivas incompatibles con el orden constitucional y el principio republicano de división de poderes". La posibilidad de que agentes de inteligencia puedan aprehender personas sin una orden judicial previa es vista como una regresión a prácticas de inteligencia que han sido históricamente cuestionadas en Argentina y que atentan contra garantías individuales fundamentales. Esta facultad, en particular, ha generado un amplio repudio en organizaciones de derechos humanos y juristas, quienes alertan sobre los riesgos de abusos y arbitrariedades.

La semana pasada, el bloque de Unión por la Patria encabezó un encuentro con diversas organizaciones sociales y de derechos humanos para abordar el tema, buscando amplificar el rechazo al decreto y construir un consenso más amplio. En dicho encuentro, el jefe de bancada, Germán Martínez, sentenció: "No hubo ni hay necesidad y urgencia. Estos temas deben tratarse a partir de proyectos debatidos en profundidad", reiterando la postura de que el Congreso es el ámbito natural para estas discusiones, no la vía excepcional de un decreto. La discusión del DNU de la ex SIDE se perfila, así, como una de las batallas legislativas más importantes y simbólicas de la actual gestión, con implicaciones profundas para el equilibrio de poderes y la protección de los derechos ciudadanos en Argentina.

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